El jefe de Estado boliviano, Evo Morales, emitió un decreto este miércoles para reforzar la lucha contra el terrorismo, sedición o alzamiento hacia la unidad del país que consiste en decomisar los bienes de personas vinculadas a redes de violencia.
La resolución fue aprobada en el Consejo de Ministros y destaca que todas las actividades que pongan en riesgo la integridad de Bolivia, serán condenadas como traición a la patria, que implica penas máximas.
Morales señaló que el decreto presentado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Coordinación gubernamental, Wilfredo Chávez, sancionará a los empresarios, entre otros, que se comprometan a apoyar económicamente a grupos separatistas o armados.
De esta manera se busca fortalecer las medidas antiterroristas en el país, que se suman a las ya existentes para los casos de narcotráfico y delitos de contrabando.
La norma establece que la Fiscalía y otras autoridades, tendrán facultad para procesar crímenes contra la seguridad del Estado en todo el país.
La incautación se aplicará sobre el patrimonio, los bienes o los fondos en bancos de personas que se hayan vinculado directa o indirectamente con los grupos terroristas, sediciosos o con el alzamiento armado contra la seguridad estatal.
La resolución se decretó en vista de las operaciones de bandas terroristas integradas por extranjeros que buscaban la separación del departamento de Santa Cruz.
El pasado 16 de abril, la Policía desarticuló una célula compuesta por extranjeros y bolivianos que pretendían asesinar al presidente Morales y a varios de sus ministros.
La Fiscalía precisó que existen indicios de empresarios y personalidades políticas que adversan al Gobierno, comprometidos con apoyar esos grupos violentos, muchos de los cuales, serán citados a declarar en las oficinas respectivas.
Víctimas del terrorismo
En un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, a 900 kilómetros al este de La Paz, la capital boliviana, fueron abatidos por una unidad de élite policial, Eduardo Rozsas Flores (boliviano), Magyarosi Artpad (rumano o húngaro) y Michael Martin (irlandés) y fueron detenidos Francisco Tadic Astorga (boliviano) y Elot Toazo (húngaro o croata).
Este grupo de personas fue acusado por el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, de haber formado un grupo terrorista mercenario de línea fascista, mientras que la Policía dijo que la agrupación es responsable del atentado explosivo registrado el pasado mes de abril en la casa del cardenal Julio Terrazas, máximo jerarca católico en Bolivia, sin dejar víctimas.
El presidente Evo Morales, denunció la existencia de un plan promovido por grupos mercenarios internacionales para atentar contra la vida del vicepresidente y contra la suya propia, el cual se ha emprendido para derrocar su Gobierno por vías violentas, ya que no ha sido posible a través de la electoral.
"En Bolivia, el año pasado, la derecha intentó sacarme con el voto del pueblo a través del Referendo Revocatorio; después intentaron un golpe de Estado civil, fracasaron, y ahora estaban planificando acribillarnos, están fracasando, ojalá fracasen para siempre", declaró Morales.
Punto de Vista ∆
La resolución fue aprobada en el Consejo de Ministros y destaca que todas las actividades que pongan en riesgo la integridad de Bolivia, serán condenadas como traición a la patria, que implica penas máximas.
Morales señaló que el decreto presentado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Coordinación gubernamental, Wilfredo Chávez, sancionará a los empresarios, entre otros, que se comprometan a apoyar económicamente a grupos separatistas o armados.
De esta manera se busca fortalecer las medidas antiterroristas en el país, que se suman a las ya existentes para los casos de narcotráfico y delitos de contrabando.
La norma establece que la Fiscalía y otras autoridades, tendrán facultad para procesar crímenes contra la seguridad del Estado en todo el país.
La incautación se aplicará sobre el patrimonio, los bienes o los fondos en bancos de personas que se hayan vinculado directa o indirectamente con los grupos terroristas, sediciosos o con el alzamiento armado contra la seguridad estatal.
La resolución se decretó en vista de las operaciones de bandas terroristas integradas por extranjeros que buscaban la separación del departamento de Santa Cruz.
El pasado 16 de abril, la Policía desarticuló una célula compuesta por extranjeros y bolivianos que pretendían asesinar al presidente Morales y a varios de sus ministros.
La Fiscalía precisó que existen indicios de empresarios y personalidades políticas que adversan al Gobierno, comprometidos con apoyar esos grupos violentos, muchos de los cuales, serán citados a declarar en las oficinas respectivas.
Víctimas del terrorismo
En un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, a 900 kilómetros al este de La Paz, la capital boliviana, fueron abatidos por una unidad de élite policial, Eduardo Rozsas Flores (boliviano), Magyarosi Artpad (rumano o húngaro) y Michael Martin (irlandés) y fueron detenidos Francisco Tadic Astorga (boliviano) y Elot Toazo (húngaro o croata).
Este grupo de personas fue acusado por el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, de haber formado un grupo terrorista mercenario de línea fascista, mientras que la Policía dijo que la agrupación es responsable del atentado explosivo registrado el pasado mes de abril en la casa del cardenal Julio Terrazas, máximo jerarca católico en Bolivia, sin dejar víctimas.
El presidente Evo Morales, denunció la existencia de un plan promovido por grupos mercenarios internacionales para atentar contra la vida del vicepresidente y contra la suya propia, el cual se ha emprendido para derrocar su Gobierno por vías violentas, ya que no ha sido posible a través de la electoral.
"En Bolivia, el año pasado, la derecha intentó sacarme con el voto del pueblo a través del Referendo Revocatorio; después intentaron un golpe de Estado civil, fracasaron, y ahora estaban planificando acribillarnos, están fracasando, ojalá fracasen para siempre", declaró Morales.
Punto de Vista ∆
